El coste de la administración de la justicia

Reconocer el derecho a reclamar ante los tribunales y al mismo tiempo establecer tasas elevadas para ejercer este derecho implica negar este derecho a la gente sin recursos, és decir, negar el derecho a la igualdad que proclaman los tres primeros artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

El derecho a reclamar ante los tribunales es un derecho civil con obvias repercusiones económicas, ya que la administración de la justicia es imposible llevarla a cabo sin la dotación presupuestaria necesaria (los sueldos de los distintos funcionarios implicados, el coste de las sedes, de las pruebas periciales, etc.). Si se garantiza este derecho de forma gratuita y sin ningún tipo de limitaciones, la repercusión sobre los presupuestos generales es importante, incluso exagerada, si la sociedad se caracteriza por la costumbre de acudir a los tribunales por cualquier motivo.

Por lo tanto, cuando decimos que todos los derechos son interdependientes, en el sentido de que la vulneración de unos siempre incide en el grado de salud de los otros, debemos tener en cuenta también su interdependencia de tipo económico: lamentablemente, como los presupuestos estatales siempre son limitados, cualquier aumento de cualquier partida incidirá en los recursos disponible para otra partida.

Pero estas obviedades no deben ser una excusa para recortar ningún derecho básico. Las limitaciones existentes han de ser tenidas en cuenta, a fin de tener una visión más realista de la situación y de las posibilidades de actuación, pero al mismo tiempo ha de ser una prioridad absoluta encontrar soluciones para que, sobre todo la población más vulnerable y desamparada, pueda acudir a los tribunales si así lo precisa. Sin encontrarse barreras infranqueables.

Las consideraciones anteriores relativas al acceso a la justicia se centran sólo en los costes económicos, en el contexto de una sociedad democrática, en la que los cargos públicos se supone que velan de manera efectiva por los intereses de los ciudadanos. Pero es obvio que el factor económico no és el único relevante, existen otros. Por ejemplo, otros impedimentos para poder acceder a la justicia son la aprobación de leyes que no contemplan como delitos los atropellos que se quieren denunciar, la complicación a propósito la burocracia, la desmesurada demora de los procesos, etc. O ya dentro de otro tipo de irregularidades, las amenazas a los denunciantes para que retiren las denuncias, la compra de testigos, etc.

Todo esto no ocurre sólo en las películas o en países con regímenes antidemocráticos: en alguna medida, ocurre en todos los países (eso sí, con notables diferencias entre ellos). En general, ser rico y tener influencias siempre ayuda a encontrar una mejor acogida cuando se acude al amparo de la justicia. Sobre todo (pero no exclusivamente) cuando los delitos son de tipo económico. Para constatarlo, sólo es necesario seguir con regularidad las noticias de actualidad.