Solicitantes de asilo

En muchos países ser homosexual implica ser una potencial víctima de homicidio, o una segura víctima de encarcelamiento.

En algunos países ser mujer implica haber de pasar por la tortura de la mutilación genital.

En demasiados países discrepar del poder implica estar expuesto a todo tipo de amenazas y represiones, incluida la ejecución extrajudicial, o a pagar la osadía con largos años de prisión.

Ya sea a causa de bárbaras tradiciones, de crueles legislaciones o de manipulaciones de las normas legales existentes, muchos seres humanos están expuestos, en sus propios países, a graves amenazas contra su integridad. Ya sea porque la amenaza venga del propio estado, o de grupos a los que el estado no quiere o no puede controlar.

Cambiar un país, cambiar aquello de un país que atenta gravemente contra los derechos humanos, es algo que incumbe no sólo al gobierno y a los ciudadanos de dicho país, sinó también al conjunto de la comunidad internacional. Porque la violación de los derechos fundamentales de un individuo no és más o menos grave en función de quién y dónde la perpetre, sino del daño que inflige.

Pero hay países que no quieren cambiar, que justifican con distintos argumentos sus atentados contra los derechos humanos (o los niegan tozudamente). Y otros que los quieren impedir, però que por las razones que sean de momento no lo consiguen. Y el resultado es que tanto en unos como en los otros se siguen produciendo graves atentados contra los derechos humanos.

Mientras un país que vulnera los derechos humanos no cambia, como mínimo no se debería impedir que los ciudadanos amenazados pudieran encontrar refugio en otro país. Especialmente, cuando algún ciudadano ya han corrido el gran riesgo de abandonar su propio país, normalmente de forma ilegal (a causa de los impedimentos o las dificultades económicas para salir de él), obligado por las amenazas que se ciernen sobre él. Sobre todo en estos casos, los países potencialmente receptores no deberían poner impedimentos.

El derecho al asilo proclama este principio humanitario. Y la mayoría de países tiene firmados compromisos relativos a la aceptación de solicitantes de asilo. Pero la firma de un documento es sólo un papel: a las intenciones, a los compromisos, a las firmas, les han de dar sentido las actuaciones, la gestión de los casos reales.

Lamentablemente, en la actualidad lo que prima es la comodidad y los intereses del país al que se le formula la demanda de asilo. Mientras que el dolor y la desesperación del solicitante, salvo contadas excepciones y complejos trámites, son sistemáticamente ignorados.

Algo va mal, muy mal, cuando ante un peligro grave de la propia integridad en el propio país, en los eventuales países de acogida de forma generalizada se tejen tupidas redes de dificultades para evitar conceder asilo a la gran mayoría de las personas que lo solicitan justificadamente, a causa de los peligros que corren sus vidas.

De forma justificada: es cierto que hay personas que intentan acceder a la condición de asilados sin que sus circunstancias lo justifiquen. Y también es cierto que en ocasiones diferenciar las solicitudes justificadas de las que no lo son puede ser difícil. Pero la realidad es que demasiado a menudo solicitantes de asilo que reunen absolutamente todos los requisitos que la legislación internacional considera necesarios se encuentran ante una muralla infranqueable de dificultades, y en muchos casos con la denegación final irrevocable.

Ante la duda acerca de si una solicitud está o no justificada, lo más humanitario sería concederla. Ante la duda, es mejor pecar de generosidad que de inhumanidad.

El coste de la administración de la justicia

Reconocer el derecho a reclamar ante los tribunales y al mismo tiempo establecer tasas elevadas para ejercer este derecho implica negar este derecho a la gente sin recursos, és decir, negar el derecho a la igualdad que proclaman los tres primeros artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

El derecho a reclamar ante los tribunales es un derecho civil con obvias repercusiones económicas, ya que la administración de la justicia es imposible llevarla a cabo sin la dotación presupuestaria necesaria (los sueldos de los distintos funcionarios implicados, el coste de las sedes, de las pruebas periciales, etc.). Si se garantiza este derecho de forma gratuita y sin ningún tipo de limitaciones, la repercusión sobre los presupuestos generales es importante, incluso exagerada, si la sociedad se caracteriza por la costumbre de acudir a los tribunales por cualquier motivo.

Por lo tanto, cuando decimos que todos los derechos son interdependientes, en el sentido de que la vulneración de unos siempre incide en el grado de salud de los otros, debemos tener en cuenta también su interdependencia de tipo económico: lamentablemente, como los presupuestos estatales siempre son limitados, cualquier aumento de cualquier partida incidirá en los recursos disponible para otra partida.

Pero estas obviedades no deben ser una excusa para recortar ningún derecho básico. Las limitaciones existentes han de ser tenidas en cuenta, a fin de tener una visión más realista de la situación y de las posibilidades de actuación, pero al mismo tiempo ha de ser una prioridad absoluta encontrar soluciones para que, sobre todo la población más vulnerable y desamparada, pueda acudir a los tribunales si así lo precisa. Sin encontrarse barreras infranqueables.

Las consideraciones anteriores relativas al acceso a la justicia se centran sólo en los costes económicos, en el contexto de una sociedad democrática, en la que los cargos públicos se supone que velan de manera efectiva por los intereses de los ciudadanos. Pero es obvio que el factor económico no és el único relevante, existen otros. Por ejemplo, otros impedimentos para poder acceder a la justicia son la aprobación de leyes que no contemplan como delitos los atropellos que se quieren denunciar, la complicación a propósito la burocracia, la desmesurada demora de los procesos, etc. O ya dentro de otro tipo de irregularidades, las amenazas a los denunciantes para que retiren las denuncias, la compra de testigos, etc.

Todo esto no ocurre sólo en las películas o en países con regímenes antidemocráticos: en alguna medida, ocurre en todos los países (eso sí, con notables diferencias entre ellos). En general, ser rico y tener influencias siempre ayuda a encontrar una mejor acogida cuando se acude al amparo de la justicia. Sobre todo (pero no exclusivamente) cuando los delitos son de tipo económico. Para constatarlo, sólo es necesario seguir con regularidad las noticias de actualidad.

Los prejuicios: esclavos de sus servidumbres

Los prejuicios son tan viejos como la humanidad. Ni las culturas como colectivos ni las personas como individuos se libran de ellos. En el mejor de los casos, se minimizan, en el peor, se desbordan y contaminan gravemente toda la vida social.

La tendencia minimizadora requiere un esfuerzo, no se desarrolla de forma espontanea. Tanto en el caso de un individuo como en el de un colectivo. La explicación de la necesidad de este esfuerzo radica en su origen atávico, en su raíz biológica. Sobre todo, en el caso de los prejuicios hacia otros individuos o colectivos: la desconfianza inicial ante los desconocidos en las sociedades tribales, en la medida que los desconocidos podían ser potenciales agresores, aumentaba las posibilidades de supervivencia.

En la actualidad vivimos en un mundo mezclado, caracterizado por las migraciones forzadas (a causa de la pobreza) y los viajes voluntarios (relacionados con el ocio o el negocio), caracterizado por la convivencia y las uniones de personas de orígenes étnicos dispares, por el mestizaje biológico y cultural. Caracterizado también por el fácil acceso a la información necesaria para constatar que ni el color de la piel ni los rasgos étnicos son indicativos de las bondades o maldades de un colectivo: el carácter (por ejemplo pacífico o belicoso), no viene determinado por la pertenencia a una determinada etnia. En cambio la pertenencia a una determinada cultura sí que puede ejercer una influencia de este tipo (ya sea el caso de culturas extensas, regionales, o el de una cultura reducida, la familiar o la del ámbito de la pandilla).

Pero a pesar de lo dicho, siguen floreciendo y enquistándose los prejuicios. Ahora ya totalmente disociados de su antigua utilidad relacionada con el instinto de supervivencia durante los tiempos remotos de los clanes aislados y su vida primitiva.

Siguen existiendo prejuicios hacia aquellas personas con características raciales distintas. Estos prejuicios además se pueden agravar (o al contrario, atenuar), en función de características como la riqueza o la pobreza (de la persona hacia la que se siente el prejuicio), la belleza o la fealdad, la cultura o la incultura, la simpatía o la adustez. Y desde luego, en función del sexo, y todavía más, en función de las eventuales orientaciones sexuales de carácter minoritario, "discordantes".

Cada cual tiene sus particulares combinaciones y grados de prejuicios, especialmente si no se observa a si mismo de forma crítica. Es decir, si no está atento y se deja llevar por la corriente, sin cuestionar las costumbres del colectivo al que pertenece (así como sus propias manías particulares).

Como somos seres humanos inteligentes, podemos usar nuestras capacidades para reflexionar sobre todo ello, observando nuestras convicciones, si es preciso cuestionándolas, si es necesario abandonándolas, sustituyéndolas por actitudes nuevas. Podemos hacer este proceso o no hacerlo: si la opción elegida sólo incide sobre nosotros mismos, socialmente es indiferente, sólo servirá para que seamos mejores o peores personas o, evitando las calificaciones morales, personas con un grado mayor o menor de lucidez, con visiones más o menos objetivas o distorsionadas de la realidad.

Pero si la opción que elegimos tiene repercusiones sociales, lo que hagamos ya no es indiferente. I si en concreto ocupamos algún cargo público y desde él alimentamos cualquier tipo de prejuicio, esto es algo que la sociedad no nos debería tolerar.

Todo ello viene a cuenta de lo siguiente. Es una lacra habitual de los cuerpos policiales la rutina de las identificaciones y detenciones según criterios raciales, sin ningún indicio objetivo de conducta delictiva que lo justifique. Es un hecho sabido que el porcentaje de identificaciones arbitrarias, de individuos con características étnicas distintas de las de la mayoría de la población, es desproporcionadamente elevado.

Naturalmente, el policía que patrulla la calle no es el responsable de la discriminación, es sólo un brazo ejecutor. También es un brazo ejecutor el superior que le transmite las órdenes. Este, a su vez, las ha recibido, a través de la cadena de mandos, del jefe del cuerpo de policía, el cual ya tiene una considerable autonomía para decidir en uno u otro sentido. Pero también dentro de unos límites, ya que a su vez él está sujeto a las directrices que marcan los políticos. Nos referimos, claro, en el caso de una sociedad democrática en la que exista esta subordinación (los regímenes antidemocráticos y las dictaduras militares son otra historia).

En las democracias, los administradores del poder (los políticos), lo administran porque han sido votados. Por lo que al final son los votantes quienes, con su voto, deciden, deberían decidir, el comportamiento del polícía que patrulla la calle. ¿Qué no es así? Pues si no es así, si no hay esta relación de subordinación de la gestión del político con los votantes, es que hay que cambiar el sistema electoral y el sistema de gobierno, y convertirlo en verdaderamente democrático.

Pero, ¿y si el modelo policial actual, discriminador, es el que prefiere la mayoría de la población? Pues entonces la labor que tenemos pendiente todavía es mayor. Si consideramos que la policía (como el resto de la sociedad) se debe subordinar a los principios proclamados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y ocurre que nos sentimos en minoría, no nos queda más remedio de asumir que también es responsabilidad nuestra intentar incidir sobre la forma de pensar de la gente que nos rodea, y ampliar así la masa de ciudadanos y electores favorables al respeto generalizado de los derechos humanos.

¿Derechos para todos?

Supongamos que gracias a unos nuevos medicamentos combinados con un complicado tratamiento realizado con unos sofisticados y modernos aparatos médicos una enfermedad que hasta hace poco era incurable ya no lo es. El único inconveniente es que el coste del tratamiento es desorbitado, y sólo se lo pueden permitir algunos privilegiados.

Nadie discute el derecho a la salud, pero es más difícil consensuar el alcance de este derecho. ¿Implica que cualquier persona, con independencia de sus recursos, y de los recursos del país en el que viva, si padece una enfermedad como la que hemos mencionado debería poder acceder al sofisticado y nuevo tratamiento que puede curarla?

Bien, quizás debería... pero es obvio que, sobre todo si es una persona pobre, y encima vive en un país pobre, no va a poder acceder a él. De hecho, según donde viva, no va poder acceder ni a un antiséptico, si lo precisa para desinfectar una herida, o a una aspirina si le duele la cabeza. No va a poder acceder a nada, tendrá que conformarse con la resignación y la paciencia.

Entre la nada, la aspirina y el multimillonario tratamiento, ¿hay algún nivel de atención médica que se pueda consensuar que es un derecho universal, de todos los seres humanos? Y en caso afirmativo, ¿se debería asumir que garantizarlo es un deber de la comunidad internacional? Y si es así, ¿cuál seria este nivel? ¿Sólo debería incluir las aspirinas y los antisépticos? ¿Quizás también los antibióticos? ¿Sólo los genéricos o también los nuevos antibióticos, si son más efectivos? ¿Y las pruebas para detectar la tuberculosis? ¿Y los medicamentos para tratarla? ¿Y el sida? ¿Y las enfermedades mentales? ¿Y...?

Otro aspecto del asunto es que con la inversión necesaria para ofrecer sofisticados  y caros tratamientos sólo accesibles para una restringida minoría de personas se podría solucionar problemas sanitarios mucho más elementales y básicos que afectan no a una minoría, sino a poblaciones enteras. Por ejemplo, el acceso generalizado al agua potable: actualmente, miles de personas, a causa de la contaminación bacteriana o de otro tipo del agua que consumen, enferman fácilmente y, en ocasiones, también mueren fácilmente. A veces, a causa de una vulgar diarrea que no se ha podido atajar por culpa de no poder disponer de un medicamento tan elemental (y barato) como un antidiarreico.

Y como la sanidad, todo. Mientras unos tienen un ordenador para estudiar (o uno tras otro), otros sólo tienen un lápiz y una libreta, o ni un lápiz y ni una libreta. Mientras unos van a la escuela, otros van a la fábrica, al campo o a la mina. Mientras unos viajan por placer en coches confortables, otros lo hacen en alpargatas, buscando formas de subsistir. Mientras unos comen tres veces al día, otros ayuna muchos días, y no para adelgazar, sino a su pesar. Mientras unos mueren a causa del exceso de comida, otros mueren de desnutrición... En fin, que mientras unos tienen derechos y los pueden ejercer, (incluso en contra de su propia salud), otros "sólo los tienen"... Y cuando reclaman poderlos ejercer, en general no se les escucha.

¿Cómo digerimos estas desigualdades? ¿Son sólo desigualdades, o también inmoralidades? ¿Qué hacemos con ellas? ¿Cómo dormimos con ellas?

Todos se mueven

Todos se mueven: los ricos viajan y los pobre emigran. Los ricos van a donde quieren, los pobres, a ningún sitio, o a donde no tienen más remedio, acuciados por la necesidad.

Los ricos se quedan donde quieren, los pobres a veces no, los echan de donde viven, y entonces viven a la deriva, deambulando, o hacinados en arrabales, condenados por su indefensión y su pobreza.

Y cuando los pobres que no tienen intención de viajar deciden viajar para no perecer en el lugar donde están, cuando llegan a las fronteras extranjeras las encuentran cerradas para ellos.

La libertad de circulación sólo existe para que los ricos vayan a donde les apetezca y para que los pobres se vayan de donde no les quieren. Y no es gracias a la libertad de circulación, sino a pesar de su falta, que los pobres en ocasiones se van de donde malviven, a causa de que todo lo que tienen es sólo su miseria. Cansados de compartirla con sus vecinos, sueñan con alguna oportunidad en algún otro lugar.

Todos los países aceptan inmigrantes cuando los necesitan, y los rechazan cuando sólo son ellos, los inmigrantes, quienes lo necesitan. Y así los pobres se mantienen pobres, viajando cuando son útiles, y siendo rechazados cuando son un estorbo. Y los ricos se mantienen ricos, viajando cuando les apetece, viviendo donde les apetece, utilizando a los pobres cuando les apetece.

En un mundo globalizado para las mercancías (las camisas, los zapatos, las televisiones, los plátanos) los pobres son productos de mercado y los ricos los mercaderes. Y cuando hay sobreproducción de pobres disminuye todavía más su valor: menguan sus salarios y sus derechos y, "los que sobran", se pudren almacenados en los almacenes de la pobreza, en los subpaíses de la miseria del tercer y cuarto mundo, sin derecho a la libre circulación para intentar salir de su condición de pobres en algún otro lugar no tan adverso como el que están.

¿Mi vida privada es sólo mía?

Mi vida privada es mía. Pero mi vida privada no es del todo mía, porque en ocasiones su gestión puede colisionar con otras vidas privadas o públicas.

Lo que yo hago en mi casa es parte de mi vida privada. Pero en mi casa no puede hacer siempre, o todo, lo que me de la gana. Por ejemplo, si vivo en un piso me afectaran las normas de la comunidad de vecinos, entre otras, las relativas a las horas de silencio nocturno.

Otro caso. Forma parte de mi vida privada la convivencia con mis hijos. Pero con mis hijos no puedo hacer lo que quiera (como un "pater familias" romano), sino lo que debo. ¿Y qué es lo que debo? Pues por ejemplo, lo que recogen las normas internacionales de derechos humanos que regulan los derechos de la infancia (concretamente y en primer lugar, la Convención Internacional de los Derechos de la Infancia).

Por no poder, no puedo ni reformar el interior del piso en el que vivo, aunque sea de mi propiedad. En "mi piso", el santuario de mi vida privada, sin la correspondiente autorización municipal y el pago de la tasa estipulada, sin el eventual visto bueno de la comunidad de vecinos (si es necesario), no puedo hacer según qué modificaciones.

Es decir, sobre mi vida privada inciden elementos externos como los mencionados (en realidad son bastantes más).

En un país democrático y subordinado a las normas internacionales sobre derechos humanos, las eventuales injerencias en mi vida privada, si se producen, tendrán una base razonable y serán de un alcance proporcionado. Claro, no es siempre así; hay sociedades ajenas a estas normas sobre derechos humanos en las que la vida privada está muy invadida, de manera arbitraria (o coherente con la falta de libertades existente), a causa del talante prepotente de sus dirigentes o de las creencias del conjunto de sus ciudadanos.

Un ejemplo: el de las antiguas dictaduras soviéticas, reflejado en la novela "1984", de George Orwell, en la que el derecho a la intimidad no existe. Otro relacionado con el anterior: las reacciones de algunos païses democráticos ante lo que consideraban "la amenaza soviética", desencadenado políticas represivas como la denominada "caza de brujas" contra las personas simpatizantes (o presuntamente simpatizantes) con el comunismo durante los años cincuenta del siglo XX en los Estados Unidos .

¿Y hoy? Hoy las agresiones siguen siendo numerosas y diversas. Por ejemplo: en según que países la vida privada de las personas pertenecientes a alguna minoría sexual no es respetada en absoluto, hasta el punto que la discriminación, la coacción, los malos tratos, los asesinatos y la pena de muerte pueden ser el horizonte inmediato de las personas homosexuales, lesbianas, transexuales, intersexuales, etc. en dichos países. Incluso si limitan sus comportamientos "discordantes de la mayoría" a la más estricta intimidad.

En las sociedades fundamentalistas islámicas, a este colectivo hay que añadirle todas las mujeres, por el simple hecho de serlo. En los casos extremos expuestas a los horribles "crímenes de honor", perpetrados por sus mismos familiares y aprobados por las sociedades en las que viven. O el caso de las niñas expuestas a la mutilación genital, en aquellas culturas que siguen practicando esta bárbara costumbre.

En estos casos, también debería existir un "derecho de injerencia", pero protector, por parte de una instancia superior. Un derecho de injerencia en la vida privada de aquellas personas y familias que son capaces de llevar a cabo conductas tan brutales  contra alguno de sus familiares. Para evitar estas conductas: estas torturas, estas amputaciones, estos crímenes.

Es un asunto complicado, el de la vida privada: sus límites, la potestad o la necesidad de injerencia externa, etc. O no, quizás es más sencillo, y lo que hace falta es tener siempre presentes y como referentes fundamentales los principios sobre derechos humanos de las Naciones Unidas, poniendo una especial atención a los casos de las personas en situación de mayor riesgo. Quizás lo único que falta es verdadera determinación y valentía.

¿Libertad de expresión ilimitada?

Todo lo que puedo pensar no lo puedo decir. Todo lo que puedo decir no lo puedo decir en todas partes. ¿Estas limitaciones son un atentado a la libertad de expresión? Pues depende. Las relaciones sociales están reguladas por múltiples normas, y todas las normas están sujetas a matices. Sin normas es imposible la convivencia. Sin matices es muy complicada.

Pensar, puedo pensar lo que quiera, incluso me puedo pensar como autor de los comportamientos más abyectos, las actitudes más antisociales, los crímenes más terribles. Si lo hago, alimentaré mis potencialidades negativas, pero mientras esta "acción mental" discurra exclusivamente dentro de la clausura de mi mente, es de competencia exclusiva mía, no tiene trascendencia social, y por lo tanto a nadie más le incumbe.

En cambio, verbalizar el pensamiento, hablar, es una forma de actuar. Y de la misma forma que nuestra libertad de actuación está limitada por leyes y normas, nuestra libertad de expresión también. Porque aunque parezca una paradoja, sin límites a la libertad de expresión no es sostenible la libertad de expresión, ya que determinados excesos hacen poco viable su uso generalizado.

El dilema está en los matices, en la concreción de los límites... Matices y límites: la apología del racismo, de la homofobia, de la misoginia, de las limpiezas étnicas, de la tortura, suele estar prohibida. Y penada. No siempre ni en todas partes (siempre hay excepciones lamentables), pero sí en los países de raíces democráticas y voluntad de consolidarlas. Sin estos límites a la libertad de expresión, es difícil imaginar una vida en común viable.

¿Son estos, u otros parecidos, los únicos límites posibles? No, los regímenes dictatoriales los establecen de otro tipo, por ejemplo prohibiendo cualquier discrepancia política. Y las teocracias lo que prohíben son las discrepancias religiosas (y de paso, a menudo, de forma generalizada los derechos de las mujeres). De modo que, efectivamente, la regulación de la libertad de expresión se puede enfocar desde distintas perspectivas. De momento, lo que sabemos es que hay modelos que lo que persiguen es fomentar la igualdad, la libertad y la dignidad de todas las personas, y otros, en cambio, que precisamente estan orientados a la negación de estos principios, que lo que haces es agredirlos.

¿Los límites bienintencionados (en ocasiones refrendados por las mismas Naciones Unidas) no entrañan riesgos? Sí, porque en ocasiones entre el uso i el abuso el terreno es difuso. De modo que, incluso en el marco más favorable de las mejores intenciones, siempre hay que estar vigilante. No sea que, en nombre de la libertad, la igualdad y la dignidad, nos roben la libertad, la igualdad y la dignidad. No hay recetas magistrales, sólo la atención permanente y la permanente impugnación, cuando sea necesario, de las decisiones de los gobernantes, cuando estas no concuerden con los principios democráticos que se han comprometido a defender y promover (si ni tan siquiera han adquirido estos compromisos, lo obligado es apartarlos del poder, o al menos intentarlo...).

Cartel de Geraldine Doyle

Póster de J. Howard Miller, a partir de la imagen de Geraldine Doyle

Muere el rostro de la Segunda Guerra Mundial
AFP / El Mundo. 30-12-2010 (fragmento)
http://www.elmundo.es/america/2010/12/30/estados_unidos/1293741530.html

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La trabajadora que prestó su rostro para ilustrar un cartel propagandístico durante la segunda Guerra Mundial, convertida después en un icono del movimiento feminista en EEUU, ha fallecido, según se ha sabido este jueves.

Geraldine Doyle, de 86 años, falleció el domingo, según ha explicado un portavoz del geriátrico de Michigan donde vivía la anciana.

Doyle tenía 17 años cuando -al igual que hicieron 18 millones de mujeres estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial- se sumó a los esfuerzos de la guerra y empezó a trabajar en una fábrica metalúrgica próxima a Ann Arbor (Michigan). Llevaba sólo unos días en el tajo cuando se topó con ella un fotógrafo de United Press International que retrataba la contribución femenina a la contienda.

Su fotografía fue utilizada por el ilustrador J. Howard Miller para realizar el cartel encargado por el gobierno donde aparece, con una cinta roja atada en el pelo, subiéndose las mangas de la camisa para mostrar sus músculos. "Podemos hacerlo" ("We can do it"), dice.

El póster -conocido popularmente como Rosie the Riveter, Rosie la remachadora, por la canción que inspiró- se hizo célebre en los años 80, cuando se apropió de él el movimiento feminista y la imagen pasó a simbolizar la igualdad de sexos.

Según cuenta The New York Times, la mujer desconocía la existencia del poster hasta 1982, cuando al hojear una revista vio la fotografía y se reconoció. Eso sí, sólo era suyo el rostro. "No tenía unos brazos grandes, musculosos", explicó su hija. "Era muy delgada, una niña glamourosa. Las cejas arqueadas, labios bonitos, la forma de la cara: esa era ella".

(...)

Citas - José Antonio Marina (ética y moral)

"Enfrentando la ética contra la moral, la moral es un valor cultural, de modo que cada cultura tiene su moral. En cambio la ética es un desarrollo de la inteligencia humana. Es lo mejor que se nos ha ocurrido para resolver los problemas de la convivencia, la justicia, el dolor o el desarrollo personal. Hay que aprender de las morales vividas, observar cómo han resuelto sus problemas los pueblos. (...) Algunos se alarman y dicen que cómo va a ser una ciencia inductiva la ética: pues no tenemos más. La ética no es más que aplicar los principios más sensatos y más inteligentes para organizarnos. (...) La inteligencia ha creado el arte y literatura, pero su mayor creación es la ética."
José Antonio Marina. "La ética es la mayor creación de la inteligencia". La Vanguardia, 21/04/2012

El pensamiento siempre es libre

¿A qué nos referimos cuando hablamos de la libertad de pensamiento? ¿Es que no es siempre libre, el pensamiento? Si sólo es "pensamiento", ¿cómo no va a ser libre? ¿Cómo puede ser conocido si no se manifiesta? ¿Cómo puede ser controlado, restringido, encarcelado?

En realidad, el pensamiento sólo puede volverse motivo de controversia si es expresado por la persona que piensa. O si es supuesto, imaginado, por una tercera persona. En el primero de los casos, cuando es expresado, su eventual análisis se enmarcaría ya en el contexto del siguiente artículo de la Declaración Universal, el relativo a la libertad de expresión.

En el segundo, la atribución de determinados pensamientos a una persona que no los manifiesta es siempre un atropello. Intolerable tanto por la intromisión en la vida ajena que supone, por lo absurdo de su pretensión y por los graves perjuicios que dicha atribución pueda generar, según sea lo que se suponga que dicha persona piensa y la subjetiva valoración que se haga de dicha forma de pensar.

¿Se puede intentar impedir que la gente piense aquello que la sociedad considera reprobable? Los pensamiento, mientras sólo son pensamientos, deben ser libres. El único límite de la libertad de pensamiento debería ser aquel en el que el pensamiento deja de serlo estrictamente y de alguna forma se traduce en acciones (unas acciones que entonces habría que evaluar en función del resto de los derechos proclamados en la Declaración Universal eventualmente afectados). Pero lo que ocurre dentro de nuestra cabeza es única y exclusivamente competencia nuestra, sujeto sólo a nuestra eventual valoración.

La libertad de pensamiento es para todos, incluso para aquellos que se dedican a suponer los pensamientos ajenos. Que supongan lo que quieran, incluso si se entretienen haciendo las más descabelladas suposiciones: si nuestras especulaciones acerca de lo que piensan los demás se restringen sólo a nuestro propio pensamiento y no se reflejan externamente de alguna manera, no tienen trascendencia social.

De hecho, presumir el pensamiento ajeno es algo que hacemos todos, en ocasiones de forma consciente, y más a menudo de forma inconsciente. Los meros pensamientos, sean sensatos, sublimes, disparatados, estúpidos, de contenido violento, morboso, etc., no pueden ser jamás materia de ningún tipo de valoración social o ética. Quizás, eventualmente, en algunos casos seria aconsejable, en beneficio del sujeto que piensa según qué desvaríos, alguna valoración psicológica. Pero esta es ya otra historia...