La prostitución: ¿esclavitud o derecho?

¿La gente tiene derecho a hacer con su cuerpo lo que quiera? ¿Se le puede impedir que comercie con él, como por ejemplo en el caso de la prostitución?

Las posturas que adoptan las distintas sociedades ante el fenómeno de la prostitución no son las mismas. E incluso dentro de las sociedades más progresistas no hay consenso, produciéndose la paradoja de que dentro de este tipo de sociedades es donde se manifiestan las posturas más extremas y contrapuestas: la de quienes defienden el derecho a ejercer la prostitución y que el ejercicio de este derecho sea considerado un trabajo más, como otro cualquiera, hasta la de quienes defienden su prohibición absoluta, llegado el caso penalizando a las prostitutas, a los clientes, o a ambos. Desde opciones contrapuestas sólo se suele coincidir en la necesidad de perseguir la actividad de los traficantes de mujeres y de los proxenetas, pero incluso aquí, redefinidos en ocasiones como "representantes de las trabajadoras sexuales", alguna vez se desliza algún matiz discrepante.

Dentro del colectivo de mujeres que ejercen la prostitución existe una minoría muy activa que exige la legalización de la prostitución y la protección de la actividad laboral de las trabajadoras del sexo, tal como se suelen autodenominar. Algunos sectores sociales, incluidos algunos dirigentes políticos, aprueban este tipo de medidas. Demandan que el ejercicio de la prostitución sea considerada como un trabajo más y que se conceda a las prostitutas todos los derechos laborales, con sus correspondientes deberes, incluida su cotización a la Seguridad Social. Argumentan que lo contrario es un ejercicio de hipocresía, ya que la prostitución no es erradicable (sostienen que mientras haya demanda habrá oferta, sea en las condiciones que sea), y que además su ocultación sólo contribuye a mantener la situación de indefensión de las mujeres que ejercen la prostitución.

Luego está un sector de población más amplio, integrado de forma mayoritaria por mujeres (pero no exclusivamente, hay hombres también muy activos dentro de este sector), que se opone tajantemente a la legalización de la prostitución, reclamando su prohibición. Una prohibición que, insisten, ha de ir acompañada de todo un paquete de medidas: la educación adecuada de todos los sectores de la sociedad (y a lo largo de las distintas franjas de edades), la planificación de las medidas sociales para que las mujeres en riesgo de caer en la prostitución tengan otras alternativas, y las medidas necesarias para que las prostitutas en activo que quieran dejarlo puedan hacerlo.

Finalmente, está el sector, quizás mayoritario, que ya sea por pereza o incluso por principios es contrario tanta a su legalización como a su prohibición. Según los casos, los motivos esgrimidos son distintos.

La pregunta pertinente ante un dilema de estas características siempre es la misma: desde el punto de vista de los derechos y valores recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿cuál es la postura más coherente? ¿Qué relación existe o como se deben encajar la libertad personal recogida en el primer artículo de la Declaración Universal y la prohibición de la esclavitud recogida en el artículo 4, en la medida que amplios sectores de la sociedad consideran la prostitución una forma de esclavitud?