A algunas personas (entre ellas las altas jerarquías de la Iglesia española) les parece inoportuna la aprobación a finales de 2007 de la Ley de Memoria Histórica. A estas personas se supone que también les debe parecer inoportuna la aprobación en 1968 por parte de las Naciones Unidas de la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, una convención que, de forma significativa, hasta el momento España no ha firmado ni ratificado.
Sería deseable que España se adheriera a esta Convención. Y que la Iglesia, que durante décadas cobijó bajo palio al dictador y recientemente ha reclamado de nuevo su protagonismo histórico beatificando con todos los honores y la mayor publicidad 500 víctimas de la Guerra Civil, como mínimo mantuviera un discreto silencio con relación a la mencionada Ley de Memoria Histórica.
También sería deseable, hay que reconocerlo, que algunos políticos e intelectuales de izquierdas actuales no se empeñaran en minimizar u ocultar los crímenes de lesa humanidad que se cometieron en el bando republicano, crímenes y brutalidades en ocasiones de una ferocidad y una desmesura espantosas.
Las nuevas generaciones nacidas tras la dictadura franquista tienen derecho a conocer su pasado, y si el cultivo de la memoria puede tener alguna utilidad, esta ha de ser lo más objetiva posible. En caso contrario, la presunta memoria se convierte en propaganda, que a su vez se orienta al fomento del consumo, en este caso de ideología. Huelga decir que la historia es otra cosa. Y la educación, debería serlo también.